Universidades emblemáticas, en las que se encuentra la UC, la UChile y la Usach presentaron una orden de protección con el fin de frenar a la entidad financiera, argumentando un incumplimiento de la ley de datos personales y la amenaza de multas millonarias en caso de no cumplir.
Durante los últimos días ha habido tensiones entre la Fiscalía Nacional Económica y universidades tras la solicitud de datos personales del estudiantado que, según la Universidad Católica, están protegidos por la garantía constitucional del respeto y protección a la vida privada.
La UC aboga que “la universidad debe velar y proteger la información personal de los estudiantes, pues es responsable de ella”. Por ende, no podrían ser entregados sin el consentimiento de los usuarios. La FNE ingresó la solicitud el 3 de mayo con el objetivo de estudiar el funcionamiento del mercado de la educación superior por la sospecha de irregularidades dentro de la libre competencia, tal como menciona la Universidad de Santiago, una de las universidades demandantes.
Los datos, como se detalla en el medio Interferencia, fueron solicitados a universidades, institutos profesionales y otras instituciones de educación superior, y consisten en datos como los nombres, los RUT, los correos electrónicos personales e institucionales de los alumnos matriculados en los años 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 y 2023.
Dentro de los antecedentes entregados en las distintas denuncias, a los que tuvo acceso el medio de prensa Interferencia, detallan que la FNE se excusó argumentando que los datos solicitados son con el fin de “personificar lo que los estudiantes buscan en una universidad”. Además de hacer un catastro de las realidades laborales de los graduados. Tanto la UC como la U de Chile alegan que se les trató de dar formas alternativas de entregar los datos necesarios para el estudio sin necesidad de vulnerar la privacidad de los estudiantes, mas la FNE se negó a utilizarlas.
Debido a la discusión legal, basada en la ley de datos personales, en la constitución, y en el propio reglamento de la universidad, es que presentaron una Orden de No Innovar, para que la FNE no proceda con la solicitud. Aun así, la UC acusa de que el ente fiscalizador los amenazó con multarlos con “cifras millonarias”.
Es por ello por lo que, a inicios de junio, se hizo efectiva la denuncia a la Corte de Apelaciones de Santiago para frenar el avance de la FNE.
Ayer primero de julio, Interferencia compartió que a la Universidad Católica ya le dieron su resolución rechazando la apelación. Aunque el caso sigue en pie, ya que la Corte de Apelaciones va a solicitar justificaciones a FNE sobre la solicitud de datos y el uso que le quieren dar. Sumado a esto, tanto la Universidad de Chile, como la Universidad de Santiago, están esperando esta semana la resolución por parte de la Corte.
