Cayó la teja, se evidencian consecuencias reales de la situación financiera del centro de alumnos de derecho (“CADe”). Recientemente se anunció la cancelación del “quinchito”: evento que representa una tradición dentro de la facultad, un espacio para que el estudiante de derecho conecte y recuerde que el desempeño académico no es todo dentro de una carrera estresante y exitista.
Empezamos, entonces, a ver las consecuencias reales de una institucionalidad desconectada y doblemente irresponsable.
Desconectada, porque su funcionamiento financiero es obscuro y desconocido, porque, a mi impresión, ni los mismos delegados a cargo de fiscalizarla entendían cómo se realizaban los pagos y cobros. Desde el estudiante promedio hasta sus representantes desconocen las normas estatutarias de financiamiento, funcionamiento de cajas y costo real de las actividades tanto prometidas como realizadas.
¿Sabrán que nuestros cuatro carretes tradicionales cuestan en conjunto mucho más de 40 millones, y que no se autofinancian?, ¿sabrán que el CADe depende de la facultad para conocer el saldo de sus cajas?, ¿tendrá alguien alguna noción del costo real de los programas de campaña (obviando las micro fortunas gastadas en campaña, en contravención de las normas estatutarias)?
Doblemente irresponsable; primero porque no existen consecuencias.
En un Chile cada vez más consciente del destino de los fondos públicos, un Chile que cada vez más reconoce el valor de autoridades como la Contraloría: ¿Es coherente que las autoridades estudiantiles no se sujeten a las mismas responsabilidades y estándares? Está bien, somos estudiantes, pero al final del día también somos adultos, algunos voluntariamente en posiciones de autoridad que les permiten manejar fondos que pertenecen a nuestras comunidades completas.
No pretendo acusar nada, no creo que exista mala intención alguna. No obstante, la negligencia es notoria, tanto el desconocimiento de las normas, funcionamientos y presupuestaciones que causó la situación actual como la falta de responsabilidad real nos deberían alarmar. En fin, ¿podemos esperar más de representantes que no están sujetos a ninguna responsabilidad real por sus acciones?
Doblemente irresponsable, en segundo lugar, porque nadie los puede hacer responsables. ¿Dónde estaba la preocupación mientras se gastaban $16.000.000 que le correspondían al mandato siguiente?
El CADe fue electo y tenía la responsabilidad de actuar con una mayor diligencia que la que realmente tuvo, pero, a su vez, los delegados políticos también deben cumplir una tarea: ¿Será negligencia de los delegados que tenemos o síntoma de una institución poco eficaz? El consejo supuestamente fiscaliza para evitar que esto suceda, entonces, ¿no sabía qué sucedía, o no fue capaz de hacer nada al respecto? Los mecanismos que pudieron haber prevenido esto no existen o no son suficientes.
¿Si hasta la FEUC debe pasar un presupuesto por consejo, por qué un centro de alumnos con flujos de caja anuales de más de $80.000.000 no?
Hoy se lamenta la muerte del “quincito”, pero no se toman acciones para vengarlo. Hagamos lo posible para evitar la desconexión, irresponsabilidad, negligencia y desconocimiento que pueden volver a provocar lo mismo. Evitemos que, en 1, 5 o 10 años más vuelva a pasar que un CADe se encuentre con arcas vacías y respuestas poco claras.
Porque una cosa es solucionar la gestión del presente año, otra es crear y fortalecer instituciones que resistan el pasar del tiempo, el vaivén de las preferencias políticas y la gestión más o menos diligente de cada año.
Hagamos a nuestras instituciones responsables, entendamos realmente qué gastan y por qué. Votemos a conciencia por proyectos que transparenten su viabilidad. Creemos y fortalezcamos mecanismos de fiscalización, no sólo reactivos, sino también preventivos.
La contralora no puede evitar que esto vuelva a suceder, tenemos que hacerlo nosotros.
Juan Pablo Wallach Reed
Estudiante de Derecho
