El anuncio se hizo tras años de denuncias por hurtos al interior del recinto. La universidad hizo un levantamiento de información para evaluar la medida que, según la administración, buscará reforzar la seguridad sin modificar la política de campus abierto.
Nota por Pelayo Molinare y Joaquín Araya
La Universidad Católica (UC) proyecta iniciar durante 2027 un periodo de evaluaciones para implementar un sistema de control de acceso en el Campus San Joaquín. Así lo confirmó la directora de Administración de Campus, Josefina Edwards, quien señaló que la iniciativa ya se encuentra en desarrollo y que actualmente se están afinando los aspectos técnicos para su implementación: “Pensamos en partir la marcha blanca ojalá el próximo año”, dijo.
Edwards descartó adelantar detalles y aseguró que el objetivo es implementar “el mejor sistema que está disponible para hacer el control de acceso de manera adecuada al Campus San Joaquín”. Además, explicó que el proyecto considera mantener el carácter abierto del campus, donde funcionan servicios como entidades bancarias, UC Christus y otros espacios utilizados por personas externas a la comunidad universitaria. “La política debiera ser la misma que tiene Casa Central. Nosotros no le negamos el acceso a nadie, solo los controlamos”, comentó.
La directora señaló que la medida está únicamente contemplada para el Campus San Joaquín. No obstante, indicó que una decisión futura podría depender tanto de cambios en las políticas institucionales como de la evolución de las denuncias. “Esperemos que no sea por denuncias, porque el Campus Oriente y el Campus Lo Contador no las tienen”, indicó.
La implementación del control de acceso surge en un contexto marcado por reiteradas denuncias de hurtos al interior del Campus San Joaquín. Durante los últimos años, miembros de la comunidad UC han reportado hurtos de mochilas, computadores y otras pertenencias, mientras la universidad ha impulsado campañas preventivas y estudios para identificar los principales focos de riesgo.
En 2025 se elaboró un catastro de seguridad dirigido a académicos, profesionales y administrativos, con el fin de recoger opiniones sobre esta medida. La encuesta reveló que el 82% de los encuestados estaría de acuerdo con establecer controles de acceso.
Según Edwards, San Joaquín presenta una realidad distinta al resto de los campus: “Es el único donde efectivamente ocurre este tipo de delito, es bien difícil entendiendo que es un espacio con una política de campus abierto”, señaló.
Un reportaje publicado por El PUClítico en septiembre de 2025 recogió testimonios de estudiantes afectados por hurtos y se abordaban las primeras discusiones sobre un eventual control de acceso. En ese entonces, la universidad señaló que aún estaba recopilando antecedentes para evaluar la medida.
La directora de Administración de Campus explicó que actualmente la universidad mide los flujos de ingreso al campus para definir cuál será el sistema más adecuado y que, más allá del futuro control de acceso, insistió en que las denuncias son una herramienta clave para definir las estrategias de seguridad.
Según explicó Edwards, todos los casos reportados al sistema interno quedan registrados en una bitácora que permite identificar patrones, justificar recursos y focalizar medidas preventivas. “Para mí, la denuncia es muy importante porque así puedo destinar los recursos necesarios para controlar el delito”, señaló.
Además, aunque muchas víctimas deciden no presentar una denuncia formal ante Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) por considerar que el proceso resulta poco efectivo en casos de hurto, Edwards llamó a utilizar los canales internos de la universidad. “Yo los invito a denunciar siempre (…) Si yo empiezo a tener denuncias permanentes puedo ir donde las autoridades y decir: ‘Necesito dos guardias más, porque necesito reforzar este lugar”, indicó.
Otra situación es la que se vive en el trayecto entre la estación de Metro San Joaquín y el acceso al campus, que se ha convertido en uno de los sectores que aún genera preocupación entre los estudiantes, quienes han reportado diversos robos y hurtos. Sin embargo, Edwards explicó que “por ley, nosotros no podemos aplicar seguridad al exterior.”
La directora señaló que la universidad mantiene coordinación con las municipalidades de Macul y San Joaquín, además de Carabineros, pero reconoció que los hurtos suelen tener menor prioridad frente a otros delitos presentes en ambas comunas.
