La reciente declaración de la Contraloría General de la República sobre el uso exclusivo de pase escolar con motivos académicos representa un serio retroceso en el reconocimiento de los derechos de los estudiantes en Chile. Esta medida desconoce e invisibiliza las condiciones sociales, económicas y geográficas de miles de estudiantes tanto dentro de la Región metropolitana como a quienes viven y estudian a las afueras de Santiago y en otras regiones, siendo ellos los más afectados por esta afirmación, que sigue fomentando la centralización y la segregación territorial y educativa.
Esta declaración, lejos de garantizar la igualdad de oportunidades, ignora que para la mayoría de estudiantes pagar la tarifa escolar y trasladarse en transporte público es una necesidad, y no debe ser desestimada. En comunas rurales donde los establecimientos educativos son escasos, los estudiantes deben trasladarse largas distancias, no solo para asistir a clases, sino para ir a talleres, tutorías, actividades extra curriculares, e incluso a trabajar para sustentar su educación. ¿Asistir a estas actividades te quitan automáticamente el derecho a tener una tarifa preferencial?
Además, en varias de las zonas rurales a las afueras de la provincia de Santiago donde el transporte se realiza sin sistemas tecnológicos ni automatizados de pago, es común que la tarifa general sobrepase los mil pesos, con la difusión de esta noticia aumenta la creencia de los conductores de que ellos tienen el derecho para decidir aceptar o no el uso de pase escolar, generando un aumento en la discriminación y cobro indebido de la tarifa general, lo que incrementa la desconfianza y el temor de los estudiantes de ser agredidos a la hora de tomar el transporte público y exigir su derecho al usar el pase escolar.
Hablo desde mi propia experiencia como estudiante universitaria de Colina, que debe trasladarse todos los días de lunes a viernes hasta San Joaquín para estudiar. Son aproximadamente 4 horas diarias entre viajes de ida y vuelta, múltiples combinaciones de transporte y un alto costo que, sin el pase escolar, sería simplemente insostenible. No solo me muevo para ir a clases, muchas veces debo ir a actividades académicas o extra programáticas, reuniones o buscar espacios tranquilos para preparar mis pruebas. Mi realidad no es única, la compartimos cientos de jóvenes que vivimos fuera del centro, pero que aspiramos a estudiar con dignidad y tenemos el miedo constante de ser agredidos por un conductor de bus rural.
Como estudiantes necesitamos políticas públicas de calidad, que aseguren y resguarden el derecho a la educación, porque el ser estudiante no se limita solo a la sala de clases, y el Estado no puede seguir emitiendo declaraciones desconectadas de la realidad de todo nuestro territorio. El pase escolar debe entenderse como un derecho que garantice el acceso real y equitativo a la educación, no como un beneficio limitado a posibles interpretaciones arbitrarias. Limitarlo a “fines académicos” es desestimar lo que significa ser estudiante en Chile. Exigimos una mirada justa y territorialmente consciente, donde trasladarse para estudiar no sea un privilegio, sino un respaldo mínimo de dignidad.
Valentina Negrete
Estudiante de Administración Pública
