El 4 de marzo el Senado aprobó en general un proyecto que permitiría conmutar penas a reclusos de edad avanzada o gravemente enfermos. Más allá de las consideraciones humanitarias que se han esgrimido para justificar la iniciativa, la discusión deja al descubierto una realidad incómoda, la profunda hipocresía y desconexión de la clase política con las necesidades de la ciudadanía.
Mientras el discurso público insiste en la importancia de la seguridad, el respeto a la ley y el fortalecimiento de las instituciones, parte del mundo político impulsa medidas que podrían terminar flexibilizando el cumplimiento de condenas en algunos de los delitos más graves. La contradicción es clara: se exige dureza frente a la delincuencia común, pero al mismo tiempo se abre la puerta a beneficios extraordinarios cuando se trata de otros condenados.
En la última campaña presidencial ya se había abierto el debate en torno al futuro del penal de Punta Peuco y la posibilidad de otorgar beneficios o incluso indultos a algunos de sus internos, entre ellos el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff. Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿merecen beneficios o indultos quienes han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos y que, además, nunca han colaborado con la justicia ni han contribuido a esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos? La respuesta, para muchos chilenos, parece evidente.
Pero, ¿qué se puede esperar de una clase política que parece más preocupada de impulsar este tipo de proyectos que de avanzar en reformas largamente postergadas? Mientras se discuten beneficios para ciertos condenados, otras iniciativas que afectan directamente la vida de miles de chilenos siguen acumulando años en el Congreso. El proyecto de sala cuna universal lleva estancado varios años; la ley de eutanasia lleva más de 10 años desde la primera propuesta; la reforma al sistema de adopción estuvo más de una década en discusión; y la ley de protección de datos personales estuvo más de siete años esperando una resolución definitiva.
Quienes defienden este proyecto usan un argumento muy simple: que los condenados con enfermedades terminales ya no representan un peligro para la sociedad. Pero ese razonamiento confunde el sentido mismo de la justicia. Las penas no existen únicamente para neutralizar a personas peligrosas, sino también para responder al daño causado. Si el único criterio para cumplir una condena fuera la peligrosidad actual del condenado, entonces bastaría con esperar lo suficiente para que cualquier criminal pudiera aspirar a cumplir su pena fuera de la cárcel. Como plantea John Rawls con su idea del “velo de la ignorancia”, las reglas de justicia deben pensarse como si no supiéramos qué lugar ocuparemos en la sociedad. Dicho esto, yo les pregunto a ustedes: ¿qué imparcialidad hay en otorgar beneficios a homicidas, criminales sexuales o violadores de erechos humanos? Más aún cuando uno de los senadores que votó a favor del proyecto tiene un padre condenado que en pocos años podría acceder a estos beneficios.
Llegados a este punto, queda solo una pregunta: ¿qué beneficio obtiene la sociedad al sacar de la cárcel al “psicópata de Alto Hospicio” o al “chacal de Alcohuaz”? ¿Qué mejora concreta produce para la justicia o para las víctimas? La respuesta es difícil de encontrar. Lo que sí resulta evidente es
que decisiones como esta no fortalecen la confianza en las instituciones ni en el principio de igualdad ante la ley. Y cuando la justicia comienza a flexibilizarse según quién es el condenado, el riesgo es claro, porque lo que se debilita no es solo una sentencia, sino la idea misma de justicia.
Pablo Durán Rivera
Estudiante de Historia
