Durante la década de los setenta, América Latina fue escenario de múltiples golpes de Estado orquestados bajo la influencia de la administración estadounidense. El objetivo era claro: frenar el avance del socialismo en la región, algo que en el contexto de la Guerra Fría representaba una amenaza directa para los intereses de la potencia norteamericana en su “patio trasero”.
Naomi Klein, periodista y escritora canadiense, acuñó el término “doctrina del shock” para describir cómo, durante este período, se instrumentalizaron crisis profundas para imponer reformas económicas y sociales de corte neoliberal que, en condiciones normales, la ciudadanía habría rechazado. Según esta teoría, para que una sociedad acepte cambios drásticos, es necesario un estado de conmoción y miedo colectivo –sea real o percibido– que quiebre la voluntad social. Si en los años setenta el catalizador fue el golpe de Estado justificado por el “enemigo interno”, hoy nos enfrentamos a una narrativa de emergencia que carece de sustento fáctico.
El actual discurso de un “gobierno de emergencia” no es más que la aplicación contemporánea del shock del que Klein escribía. Se proyecta la imagen de un país que se desmorona en todas sus facetas, sin ofrecer datos fidedignos que lo corroboren e incluso existiendo aquellos que lo desmienten. La cuestión es que no se necesitan cifras; les basta con instalar una percepción de caos suficiente para subyugar la resistencia ciudadana.
Lo que resulta revelado de la naturaleza de este plan de acción es que permite instalar el fanatismo ideológico del gobierno en la agenda, al sacrificar, por ejemplo, áreas que comúnmente han sido menospreciadas por este sector político, como es el caso del medioambiente y la educación pública. Bajo el pretexto de la austeridad se justifica, actualmente, el abandono del control del precio de los combustibles. Si bien las fluctuaciones son inevitables por el contexto global, una gestión con enfoque social buscaría mitigar el impacto en las clases más vulnerables en lugar de profundizar su precariedad.
La contradicción es evidente: se argumenta una deuda fiscal (el polémico “Estado en quiebra”) insostenible para recortar beneficios sociales y ambientales mientras, simultáneamente, se propone bajar los impuestos a las grandes empresas. Esta lógica no es económica, es puramente ideológica.
La señal es clara. Mientras la sociedad permita que esta “emergencia invisible” (que a este punto ya parece real) dicte la agenda pública, el retroceso será inevitable. Hoy afecta al prec io del combustible, a las becas de estudio en el extranjero y a los decretos medioambientales; mañana, el objetivo podrían ser instituciones fundamentales como el Ministerio del Medio Ambiente o de la Mujer.
El peligro de este “gobierno de emergencia” no reside en aquello que pretenden salvar, sino en lo que están dispuestos a destruir en el proceso.
Amanda Rojas
Estudiante de Sociología
