A partir de la carta que recientemente ha publicado la directiva de nuestra federación de estudiantes en el Mercurio en contra del proyecto sobre el financiamiento de la Educación Superior, creo que existe la necesidad de manifestar una postura que represente al estudiante base. Es evidente que la FEUC no representa nuestra realidad (más allá de la elección del año pasado), y menos la de aquellos que creemos en un financiamiento justo. No podemos olvidarnos de quienes hoy siguen pagando el costo de un sistema que prometió oportunidades, pero que solo entregó un endeudamiento a largo plazo con el Crédito con Aval del Estado (CAE).
El FES no es un “cheque en blanco”, como lo plantean. Es una medida económica que podría corregir un modelo de financiamiento que ha fracasado con el paso del tiempo. A este paso, seguir defendiendo el CAE es ignorar que ha dejado a miles de personas egresadas y no egresadas atadas por años en deudas bancarias.
Según datos de la Comisión Ingresa, la deuda acumulada del CAE a este punto supera los 11 millones de dólares, afectando así a un millón de estudiantes (La Tercera, 2024). Como vemos, este sistema ya no es viable. La morosidad supera el 50% de los deudores, lo que demuestra que no se trata de una falta de voluntad, sino de un fracaso estructural del modelo chileno (La Tercera, 2024). Para nosotros, esto no es solo un debate financiero: es una cuestión de justicia social y de poder entrar a la universidad sin miedo a las trampas con letra chica.
El CAE obliga a quienes no tienen los recursos a endeudarse o a abandonar sus estudios. En cambio, el FES establece una lógica más solidaria y progresiva: nadie paga si no puede, y nadie paga más de lo que gana. El Ministerio de Educación ha explicado que las cuotas no superarán el 10% de la renta bruta anual (Mineduc, 2024). Los partidarios del CAE prefieren seguir defendiendo la idea de llenarle los bolsillos a los Bancos e ignorar a los estudiantes que, sin cumplir los requisitos de gratuidad o sin poder pagar al contado, quedan en una situación de vulnerabilidad.
Tampoco es cierto que se elimine la libre elección. El FES no impide estudiar donde se desee, pero establece límites justos al copago para evitar que se mercantilice la educación a costa de las familias. Si lo que preocupa es la estabilidad financiera de las instituciones, hablemos de un financiamiento estatal justo y no de seguir hipotecando a estudiantes para sostener estructuras privadas. En un informe presentado por la Biblioteca Nacional del Congreso, se ha mostrado que, en los países de la OCDE, el financiamiento público de la educación superior supera el 80% del presupuesto total (BCN, 2024). Esa es la discusión que debemos tener.
La crítica que firma la FEUC omite algo esencial: miles de estudiantes ya están endeudados, y miles más podrían seguir ese camino si no se avanza hacia un modelo distinto como lo es el FES. Defender el CAE o rechazar el FES sin ofrecer una alternativa clara es seguir validando la deuda como única condición de acceso a la educación. Los estudiantes no necesitamos que hablen en nuestro nombre para defender privilegios institucionales. Necesitamos propuestas que enfrenten la desigualdad desde la realidad social, y no desde la mirada privilegiada.
Thiare Celedón
Militante del Frente Amplio
Secretaria General del Centro de Estudiantes de Trabajo Social (CETS UC)
