Ante las duras reacciones de grupos animalistas, quienes denunciaron que el proyecto implicaría una “matanza institucionalizada con título académico”, el organismo defendió que la eutanasia solo se contemplaría en casos extremos y regulados.
El pasado 30 de abril, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica publicó un comunicado para referirse a la controversia generada por su informe titulado “Hacia una estrategia nacional de bienestar animal integral y protección de la salud pública y cuidado del medio ambiente”. En su declaración, el organismo acusó la presencia de “noticias falsas” en torno a sus propuestas, mientras agrupaciones animalistas expresaron su rechazo hacia el contenido del documento.
El informe, elaborado por académicos de la Universidad Santo Tomás, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Católica, propone una estrategia para abordar el problema de los perros y gatos asilvestrados que, según indican, impactan en la salud pública, la biodiversidad, la ganadería y el bienestar animal.
El documento advierte que el origen del problema radica en la tenencia irresponsable, la falta de esterilización, la ausencia de supervisión y la permisividad del libre deambular bajo la denominación de “perro comunitario”.
Dentro de las propuestas planteadas se establece que “Carabineros, Policía de Investigaciones y funcionarios municipales estarán facultados para capturar y aplicar eutanasia inmediata en casos de ataque a personas o amenaza inminente a la seguridad pública”. Lo anterior se señala con el propósito de salvaguardar la integridad humana ante agresiones, conforme a criterios de urgencia y proporcionalidad.
Se propone que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mediante “personal capacitado y Médicos Veterinarios municipales y privados autorizados, pueda capturar y practicar eutanasia humanitaria a perros ferales en áreas urbanas, rurales y naturales donde representen un riesgo para las personas y otros animales”. La propuesta busca minimizar impactos graves en la biodiversidad y salud pública bajo protocolos de bienestar animal.
Estos planteamientos fueron duramente criticados por grupos animalistas. Organizaciones como Derecho y Defensa Animal, Animalistas Unidos Chile y Fundación APLA difundieron en redes sociales críticas al informe, señalando que permitiría que Carabineros “maten perros” en el marco de una eventual legislación.
En la publicación citan distintos fragmentos del informe, como la propuesta de otorgar facultades a Carabineros, PDI y funcionarios municipales para capturar y aplicar eutanasia inmediata a perros en casos de ataques a personas o amenaza inminente a la seguridad pública. Además, se critica el incluir a los perros asilvestrados como especies susceptibles de captura, reubicación y control en zonas de conversación y ambientes rurales.
“Esto no es una estrategia de bienestar animal. Es un proyecto de matanza institucionalizada con título académico”, sostuvieron las organizaciones.
Animalia UC, organización estudiantil dedicada al cuidado de perros y gatos, señaló a través de una carta que el diagnóstico difundido en redes sociales no responde al origen del problema: “el funcionamiento deficiente del aparato burocrático e institucional encargado de legislar y fiscalizar la tenencia responsable de animales”.
Enfatizaron que el informe presentaría una “falta de solidez”, ya que no se aborda la necesidad de fortalecer la educación sobre la tenencia responsable de mascotas. “Mientras las instituciones competentes no cumplan sus funciones, ninguna medida paliativa logrará revertir la crisis que enfrentamos”, afirmaron. Además, cuestionaron el nivel de desinformación que los medios han propagado sobre el tema. “Como Animalia, la eutanasia nunca ha sido ni será una opción”, agregaron.
El Centro de Políticas Públicas UC respondió a las controversias mediante un comunicado, frente a lo que declaran como una circulación de “noticias falsas”. Señalaron que, desde la academia, buscan “aportar con evidencia a la necesaria regulación de un problema que hoy afecta a toda la sociedad, incluidos los propios animales. En Chile estamos frente a una situación estructural: más de 90.000 mordeduras al año”.
El organismo agregó que, si bien medidas como la esterilización, campañas de adopción o educación en tenencia responsable son necesarias, resultan insuficientes por sí solas para frenar la expansión sostenida de animales asilvestrados o sin control, “especialmente en zonas rurales o comunas de menores ingresos”.
“El estudio no promueve la eutanasia como política general, sino que la considera solo en casos extremos y regulados, como ataques a personas o riesgos sanitarios graves (…) protegiendo tanto a las personas como a los propios animales”, aclararon.
Nota por Ángel Cáceres.
