Señor Director:
El caso de Eduardo Macaya y el cambio de sus medidas cautelares, así como el supuesto trato preferente que recibió a lo largo de su proceso judicial, han generado gran revuelo en el debate público en los últimos días respecto a principios clave de nuestro país, como la justicia y la igualdad ante la ley. El caso reviste una especial gravedad, considerando que el abuso sexual a menores es aberrante e inaceptable; es por ello que no se pueden entender los privilegios procesales, y mucho menos que se llegasen a utilizar ciertas influencias en el poder judicial para afectar el proceso. Este caso refleja uno de los problemas que más daño le han hecho a nuestra nación: la percepción de que la justicia no siempre es imparcial y que el trato varía según la condición socioeconómica o la posición de poder político de la persona.
El contexto del caso es claro. Mientras en la Corte de Apelaciones se conmutaba la pena de prisión por arresto domiciliario, Gendarmería debía iniciar un sumario administrativo debido a ciertos privilegios inusuales que recibía el imputado Macaya, como ser trasladado al sector de enfermería mientras esperaba su sentencia definitiva. Estos hechos han levantado sospechas de un trato preferente que, de confirmarse, socavaría la confianza pública en el sistema judicial una vez más.
Menos se entiende que su hijo, Javier Macaya, un senador en ejercicio, defienda a un abusador de niños, y mucho menos que trate a la víctima como una “niña agrandada” y que “hacía TikTok bailando” para justificar el abuso sexual a una menor de edad. Como si no fuera poco, se reveló que el senador habría hecho un “telefonazo” para presionar a uno de los querellantes, en este caso la Defensoría de la Niñez.
En los últimos años, hemos visto en Chile, a través de este tipo de casos, una de las heridas más profundas que yace en nuestra sociedad: la percepción de que la justicia no siempre es imparcial. Esta percepción no es infundada. Existen numerosos casos que ilustran cómo personas con poder económico o político parecen recibir un trato más benigno que el ciudadano común. Este fenómeno genera desconfianza no solo en el sistema de justicia, sino también en nuestras instituciones democráticas.
El problema de la imparcialidad en la justicia no es solo un asunto de percepción; tiene profundas implicancias para la cohesión social y la legitimidad del Estado de derecho. Cuando los ciudadanos sienten que las leyes no se aplican de manera equitativa, la confianza en las instituciones se erosiona. Es fundamental que se tomen medidas concretas para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su condición socioeconómica o posición de poder, sean tratados de manera equitativa ante la ley. Algunas de estas medidas podrían incluir una mayor transparencia en los procesos judiciales, la implementación de controles más estrictos sobre los privilegios carcelarios y una revisión exhaustiva de los casos donde se sospeche de trato preferente. Además, es crucial que se fortalezca la independencia del poder judicial para evitar cualquier tipo de influencia indebida, como la que vimos en este caso. Solo así podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones.
En Avanzar, creemos que la justicia es un pilar fundamental de nuestra sociedad, por lo cual se hace indispensable que aspectos tan mínimos como el Estado de derecho y la imparcialidad de nuestro sistema judicial sean asegurados por el Estado. El caso de Eduardo Macaya y las circunstancias que lo rodean deben ser un llamado de atención para revisar y repensar las dinámicas de nuestro sistema de justicia. Si no abordamos estos problemas de manera decidida, corremos el riesgo de profundizar la desconfianza ciudadana y debilitar la base misma de nuestra democracia.
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