Mochilas cambiadas, computadores perdidos y celulares que desaparecen en segundos. Los campus de la UC han sido escenario de hurtos que encienden las alarmas en estudiantes y funcionarios. En medio de reclamos, propuestas y desafíos, la comunidad exige respuestas y busca soluciones.
Bastaron apenas dos o tres minutos, en una tarde de junio de 2025, para que Zinnia Silva perdiera valiosas pertenencias: un teléfono y su computador. La docente, que imparte diversos cursos en la carrera de Diseño, relata que había enviado a imprimir documentos. Al salir a buscarlos unos minutos después, dejó la puerta entrecerrada, pero al regresar descubrió que sus objetos ya habían desaparecido.
Entre confusiones y agitación, Zinnia solicitó a dos guardias ver las grabaciones de lo ocurrido; sin embargo, el material no estuvo disponible hasta una hora después, cuando ya se encontraba en una oficina de la PDI, con la certeza de que sus pertenencias estaban en el barrio Franklin. Una pérdida por la que nunca recibió respuestas: su llamado quedó atrapado entre diligencias. No es un caso aislado. Hay más historias. Hay más personas como Zinnia.
Un problema para los estudiantes
La historia de Mariela Pérez es una que se repite con frecuencia. Fue en 2023, en el Aula Magna de San Joaquín. Llegó a clases, dejó su mochila en al final de la sala —donde acostumbraba a sentarse— y se dirigió al baño. Decidió dejar la mochila ahí y no llevarla con ella porque el baño estaba frente a la sala, y sabía que no se iba a demorar más de cinco minutos.
Cuando volvió, su mochila ya no estaba. En su lugar había otra, también negra. Al abrirla, su sospecha se hizo realidad.
“Me desesperé. Les pregunté a mis compañeros si habían visto algo, pero nadie notó nada. Esa sala tiene dos puertas: alguien debió entrar por un lado, sacar la mochila y salir por el otro como si nada”, relata.
Mariela buscó ayuda de inmediato. Afuera del Aula Magna siempre había un guardia, pero no hubo una respuesta clara. “Me dijo que no había visto nada y que avisaría por radio. Cuando pregunté si había cámaras, me dijeron que no, que en todo ese sector no existía vigilancia. Fue devastador. Finalmente, la universidad no se hizo cargo de nada (…) y me sentí completamente vulnerable”, recuerda la estudiante.
Para Matías Ortiz, el golpe llegó en el primer semestre de 2024, en sus primeros meses como estudiante universitario. Recuerda con claridad el entusiasmo de aquella etapa: el ambiente académico, las nuevas amistades y la confianza que inspiraba el campus. Una confianza que, según reconoce, terminó llevándolo a descuidarse.
Ese día almorzaba con sus compañeros en el casino del Hall Universitario de San Joaquín. Convencido de que no corría riesgos, dejó su mochila bajo la mesa y, en cuanto apartó la mirada, parte de sus pertenencias desaparecieron.
“Cuando volví a mirarla, ya no estaba mi computador. Fue de un momento a otro. Me dijeron que prácticamente había sido culpa mía”.
—¿No sabes que estas cosas pasan todas las semanas? —le preguntaron al estudiante, en un sutil reproche.
En abril de 2025, Elisa Saumann compartía con una amiga en el Café Fortuna, ubicado en la Facultad de Humanidades de San Joaquín. Tenía su mochila a los pies mientras conversaba animadamente. Acababan de comprar el almuerzo.
Apenas se habían sentado. Comían, conversaban y reían, con las mochilas colgadas en el respaldo de las sillas. Diez minutos más tarde, Elisa giró para guardar su billetera. La acción nunca se concretó: su mochila ya no estaba.
“Había un hombre sentado a nuestra izquierda, detrás mío. Al sacarse la chaqueta hizo un movimiento raro, incluso me golpeó un poco (…) pensamos un par de veces sobre el tema y después nos dimos cuenta que él probablemente se llevó la mochila”, recuerda la estudiante.
Elisa dio aviso a la administración, pero la respuesta fue que el campus era abierto y poco podían hacer. “Me dijeron que, si era necesario, tenía que afirmar la mochila con las piernas para que no me la sacaran. Fue lamentable”.
Desde entonces, cambió sus hábitos: ahora prefiere estudiar en bibliotecas con control de acceso, aunque reconoce que siempre están llenas.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 13 de mayo de 2025 en el Campus Lo Contador. La profesora Zinnia Silva, directora del Magíster en Diseño Avanzado, había salido un par de minutos de su oficina para recoger unos documentos impresos.
“Estaba en mi oficina trabajando, y mandé a imprimir algo a la impresora de la secretaría que está a dos oficinas más de distancia (…) a la vuelta de ir a buscar la hoja (…) llego a mi oficina y no tenía ni mi computador ni mi celular.”, relata.
Las pertenencias de Zinnia nunca aparecieron. Recién horas después del incidente pudo acceder a las cámaras y, según averiguó, a esas alturas sus cosas ya estaban en el barrio Franklin. La universidad no asumió responsabilidad por la pérdida.
El trabajo de la FEUC
Tras una serie de denuncias por hurtos en distintos campus de la universidad, el 22 de abril se conformó la Comisión de Seguridad de la FEUC, integrada por Osvaldo Donoso, Francisca Ayala, Ignacio Soto, Emilia Martínez y Luis Soto. Desde entonces, han sostenido reuniones con las autoridades para subrayar la urgencia del problema y exigir mayores medidas. Como primer paso, se resolvió solicitar de manera aleatoria la TUC en los accesos a los campus.
La Comisión de Seguridad de la FEUC ha dialogado con Josefina Edwards, directora de Administración y Servicios UC, con el objetivo de conocer el trabajo en curso y plantear las demandas prioritarias de los estudiantes. Según explicó Osvaldo Donoso, han recibido “noticias positivas”, entre ellas, mayor control en los accesos, mejoras en Casa Central y un replanteamiento de la atención del número de emergencias 5000.
La Comisión elaboró un catastro de seguridad que obtuvo 943 respuestas. Del total de encuestados, un 59,1% declaró conocer el número de emergencias 5000. Respecto de la percepción de inseguridad en los últimos tres meses, un 48,5% señaló que esta ha aumentado, un 45,5% consideró que se ha mantenido y un 5,8% indicó que ha disminuido. Además, un 44% reveló haber sido víctima directa o indirecta de situaciones de inseguridad.
“Nuestra principal preocupación son las situaciones de inseguridad en las entradas de los campus”, sostuvo Donoso, destacando la importancia de coordinar acciones con la seguridad municipal. Según la encuesta, las entradas y salidas son señaladas como el espacio más problemático, con un 31%, seguidas de cerca por los patios, con un 30,8%. En respuesta, el 76% de los estudiantes estaría dispuesto a instalar torniquetes. Además, un 68% aceptaría controles con TUC para ingresar a salas de estudio, y un 55% incluso consideraría el uso de biometría.
La visión del rector, Juan Carlos de la Llera
El pasado 27 de junio, en entrevista con El PUClítico, el rector de la universidad, Juan Carlos de la Llera, se refirió a la seguridad en los campus: “Tenemos que intervenir, pero aquí se requiere mucho la ayuda estudiantil. Por eso le pedí a la Vicerrectoría Económica que, antes de tomar cualquier medida, esto sea consultado con ustedes”.
En ese sentido, el rector señaló que la instalación de torniquetes en el Campus San Joaquín es una opción viable, pero aclaró que no quieren generar congestión en las mañanas, por lo que se piensa canalizar el flujo de personas a través de distintas entradas simultáneas. Sin embargo, añadió que, de ser una medida respaldada por los estudiantes, se implementará.
En esa misma línea, agregó que “hay que buscar soluciones que sean ligeramente distintas, menos intrusivas”. La idea es que el campus siga siendo de libre acceso, pero que toda persona que desee ingresar deba identificarse. “Como en cualquier otra parte del mundo: te identificas, pasas tu carnet y entras al campus”, explicó de la Llera.
Además de las medidas de control de acceso, el rector destacó la importancia de mejorar la iluminación en los distintos campus. En sus palabras: “La verdad es que vamos a buscar soluciones. Esa es una parte; la segunda, iluminar. Iluminar mucho más. Y eso es un tema central”. Asimismo, señaló que se implementará un proyecto integral de iluminación en todos los campus que lo necesiten, enfatizando que “es un mecanismo muy disuasivo frente a actos delictivos”.
En cuanto a las cámaras de seguridad, el rector subrayó la necesidad de ampliar su cobertura y garantizar que todas las grabaciones estén disponibles y correctamente documentadas. “No puede pasar de que de repente no aparecen los videos. Esto tiene que estar completamente registrado”, afirmó. Según explicó, mejorar este sistema es clave para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación que afecte la seguridad de la institución.
Administración y seguridad
Respecto a los robos, existe un enfoque integral que nace de la custodia en las entradas de los campus. Se trata de resguardos que se incorporan a la rutina diaria, incluyendo controles de identidad que van desde la solicitud de la TUC hasta el registro de las cédulas de quienes se identifiquen como visitantes.
Ricardo Araya, guardia del Campus San Joaquín, ha señalado que, a lo largo del año, se han registrado múltiples “cambiazos” de mochilas. La razón, según explica, es que el campus es abierto para la comunidad. Araya desconoce si finalmente se instalarán torniquetes, aunque sabe que la alternativa no ha sido descartada. En su experiencia, la solicitud de la TUC ha permitido “reducir el nivel de robos en la universidad”. No obstante, reconoció que, durante las mañanas, el flujo de personas es tal alto que la medida resulta insuficiente y difícil de implementar.
Además, se han diseñado afiches para colocar entre las clases con las siguientes indicaciones: “Cuida tus cosas, lleva siempre tu TUC (física o digital) y llama al 5000 si eres víctima de un delito o presencias una situación sospechosa”.
Josefina Edwards, directora de administración y servicios y encargada de seguridad en los cuatro campus de la universidad, reveló que las autoridades mantienen un importante foco en estudiar la situación específica del Campus San Joaquín. En contraste, debido a los pocos casos registrados en Lo Contador y Oriente, hasta ahora no se han previsto planes extraordinarios de seguridad para esos campus.
La opción de cerrar el campus San Joaquín con torniquetes para disminuir los hurtos ha sido discutida tanto entre autoridades como por la propia comunidad UC. En consecuencia, se elaboró un catastro de seguridad dirigido a académicos, profesionales y administrativos, con el fin de recoger opiniones sobre esta medida y sobre la situación de seguridad en general.
La encuesta reveló que un 82% de los encuestados estaría de acuerdo con establecer controles de acceso. Además, un 50% considera que la situación de seguridad es aceptable, aunque requiere algunas mejoras. La mayoría de los hurtos corresponde a mochilas y computadores. Un 27% percibe que los casos de inseguridad han aumentado en los últimos tres meses.
Asimismo, existe una percepción general de que las horas más seguras son las cercanas al mediodía, lo que se relaciona directamente con el plan de Rectoría de reforzar la iluminación en el Campus San Joaquín.
“Cerrar San Joaquín es un desafío importante”, señaló Edwards. El primer obstáculo, explicó, es político: la instalación de torniquetes podría generar en quienes acuden al campus una sensación de exclusión y de barrera. Esto se debe a que en el recinto funcionan sedes bancarias, una clínica odontológica y diversos servicios abiertos a la comunidad, los cuales pueden ser utilizados por cualquier persona, sin necesidad de pertenecer a la UC.
Edwards reconoció que ha recibido comentarios que atribuyen la falta de torniquetes a una supuesta negativa de la universidad a invertir en ellos. Sin embargo, descartó que se trate de un problema económico. “Muchas veces hay que poner muchos más antecedentes sobre la mesa para ver qué implica todo esto”, explicó. Pese a ello, confirmó que las conversaciones se mantienen abiertas y que la instalación de torniquetes aparece como una de las alternativas más sólidas, en sintonía con la aprobación mayoritaria que esta medida concentra dentro de la comunidad UC.
La directora de Administración y Servicios subrayó que el principal desafío es generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de denunciar los hechos de inseguridad. Sin embargo, reconoció que muchos estudiantes optan por no hacerlo debido a experiencias negativas previas y a la percepción de que los procesos son “engorrosos”, especialmente por las dificultades para acceder a las cámaras de seguridad. Al respecto, Edwards aclaró que dicho acceso no es legalmente posible, ya que la Ley de Protección de Datos lo restringe. Solo puede realizarse mediante una orden de Carabineros, por lo que agilizar este procedimiento no constituye una alternativa viable.
“Desde el momento en que ocurre algo, hay que denunciar. Eso es para nosotros muy importante, porque la única forma que tenemos de mover recursos es teniendo datos”, enfatizó Edwards. Explicó que la información recabada se organiza en una bitácora que permite detectar patrones y actuar en consecuencia. “Si los datos indican que se están haciendo más cambiazos en esta sala, vamos y ponemos más guardias, más cámaras y movemos insumos (…). Es la única forma que tenemos”, señaló.
Los recursos se destinan a los puntos más críticos, allí “donde más está doliendo”. Un ejemplo de ello es la implementación del control de TUC en determinadas salas de estudio, medida adoptada tras detectar un mayor número de hurtos en esos espacios. El canal oficial para realizar denuncias continúa siendo el número 5000.
No obstante, en los alrededores de San Joaquín persiste una situación descrita como una “tierra de nadie”. Se han reportado múltiples casos de hurtos y robos en el tramo que conecta la salida del campus con la estación de Metro de la Línea 5. Ese espacio, ubicado en el límite entre las comunas de San Joaquín y Macul, no hay un responsable definido: Metro no se hace cargo y, en términos estrictos, la universidad tampoco puede intervenir, ya que por norma su seguridad solo puede operar desde la reja hacia adentro.
Para abordar esta situación, además de colaborar con una empresa sueca que evaluará la seguridad del campus, la administración ha mantenido reuniones con la Municipalidad de Macul, la Municipalidad de San Joaquín, el Gobierno y Metro de Santiago. A estas instancias se sumarán académicos dispuestos a participar en la mesa de diagnóstico.
La Administración de San Joaquín
La administradora del Campus San Joaquín, Vera Espinoza, y el jefe de Seguridad, Hans Deichler, señalaron que los robos violentos han disminuido con el tiempo. Actualmente, el principal problema son los hurtos de mochilas, celulares, notebooks y los llamados “cambiazos” en salas de estudio y casinos.
Al igual que el rector de la Llera, ambos coinciden en que los cambios futuros en materia de seguridad deberán ser no solo aprobadas por las autoridades, sino que también trabajadas en conjunto con la comunidad UC, para evitar que las medidas se perciban como violentas o rupturistas.
La administración mantiene un registro de todas las denuncias, además de estadísticas que permiten identificar los delitos en aumento y conocer las zonas más vulnerables dentro del campus, como Ingeniería, Construcción Civil y Enfermería. Con esta información se definen los cursos de acción necesarios para proteger a la comunidad.
Respecto a la propuesta de instalar torniquetes en distintas entradas, Espinoza y Deichler la consideran plausible, siempre y cuando exista acuerdo con la comunidad. Estiman que un control riguroso de las entradas podría reducir significativamente los hurtos dentro del campus.
Finalmente, Espinoza subrayó tres ejes del autocuidado: “Cuida tus cosas, lleva siempre la TUC y denuncia”. Añadió, además: “Nos encantaría que no tuvieran nada que lamentar, pero no es una tarea fácil lograrlo en un lugar tan abierto y con tanta circulación de personas”.
La Administración de Casa Central
Sebastián López, administrador de Casa Central, explicó que el sistema de seguridad del campus se articula en torno a torniquetes instalados en cada acceso, configurando un “anillo de seguridad”. La no implementación de este sistema en campus como Lo Contador y Oriente, responde al contexto en que esta se ingresó: el estallido social, debido a las manifestaciones que se llevaban a cabo a las afueras de Casa Central.
Aunque el histórico campus mantiene este mecanismo de registro, sigue siendo un espacio abierto: una vez registrado, cualquier persona puede ingresar. La decisión de no restringir el acceso únicamente a la comunidad UC responde a una estrategia política, diseñada como medida disuasiva. “Si quien viene a robar tiene que registrarse, en la mayoría de los casos dará un paso atrás”, sostuvo Edwards. Desde 2019, los hurtos en Casa Central han disminuido considerablemente.
El administrador agregó que los casos de “cambiazos” suelen ser consecuencia de un abandono de la mochila, y que quienes los cometen “son personas que saben exactamente cómo hacerlo”.
A su juicio, el mayor desafío es concientizar a los estudiantes sobre la importancia de permanecer atentos a sus trayectos. El administrador se refiere al espacio externo al campus, donde los robos son frecuentes. “Las condiciones que son exógenas no dependen de nosotros como personas, por lo que es difícil poder controlarlas”, afirmó.
En consecuencia, la administración ha trabajado junto a la Municipalidad de Santiago, donde el plan “Alameda Segura” ha instalado vehículos y personal de seguridad a las afueras del campus de manera paulatina.
Por su parte, Josefina Edwards advirtió que, pese al anillo de seguridad, a veces “las malas costumbres son transversales”, lo que da lugar a situaciones difíciles de controlar. Al igual que López, hizo un llamado a la comunidad a cuidar sus pertenencias: “La universidad no puede ser un mundo paralelo, donde tú vives un mundo acá y otro afuera. Tenemos que estar preparados para el país en que vivimos”.
Vitrinas y silencios
Tal como algunas fuentes denunciaron, muchas de las pertenencias terminan en barrio Franklin. Vitrinas que guardan objetos sin dueño; rostros frecuentes llegan al lugar, nadie pregunta, nadie duda. San Joaquín y sus aulas quedan lejos.
Personas como Zinnia lograron rastrear sus dispositivos y obtener alguna respuesta. Otros, como Matías, Mariela o Elisa, no tuvieron tanta certeza. Algunos incluso se toparon con links caídos al intentar seguir los protocolos establecidos.
Frente a un problema que parece no cesar, las ideas llegan y se van. Los estudiantes conocen los protocolos, pero, atrapados entre diligencias que consumen tiempo, muchas veces desisten de seguirlos. Esa renuncia priva a las autoridades de información valiosa: se agotan los datos y se retrasan los diagnósticos necesarios.
Frente a un problema que parece no cesar, las ideas llegan y se van. Los estudiantes conocen los protocolos, pero, atrapados entre diligencias que cuestan tiempo, muchas veces desisten de seguirlos. Esa renuncia priva a las autoridades de valiosa información. Se agotan los datos y se retrasan los diagnósticos necesarios
Así, la comunidad termina viviendo en silencio; sin percibir que quizá no se puede hacer mucho más si los casos no se hacen visibles. Informar no siempre genera respuestas inmediatas, pero sí es un paso crucial para quienes puedan necesitarlo mañana. Son problemas atemporales que se alimentan del silencio.
