La medida forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado en cadena nacional por el presidente Kast. Los anuncios en torno al beneficio han incluido versiones cruzadas al interior del Ejecutivo sobre el alcance de las restricciones al sistema y los posibles nuevos límites de acceso.
Tras la primera cadena nacional del Presidente de la República, José Antonio Kast, se han conocido nuevos criterios para limitar la gratuidad universitaria: la suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas instituciones al sistema y un tope de acceso de hasta 12 años desde el egreso escolar. Aunque estas fueron aclaraciones posteriores, persisten las dudas y el choque de versiones entre el oficialismo sobre el paradero de las medidas.
Estas disposiciones formarían parte del Plan de Reconstrucción Nacional presentado en cadena nacional, contempla más de 40 medidas orientadas a la reactivación económica, el fomento de la inversión y la aceleración de la reconstrucción tras los incendios que han afectado al país. El plan se estructura en cinco pilares: competitividad tributaria, promoción del empleo formal, agilización de la tramitación de proyectos de inversión, certeza jurídica y control del gasto público.
Dentro de este último eje se incluyen medidas vinculadas al sistema de financiamiento de la educación superior. Según una minuta difundida por el Ejecutivo, el gasto en gratuidad ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando en 2025 más de 2,2 billones de pesos, lo que representa un aumento de 250 mil millones respecto de 2024, con proyecciones de continuidad al alza.
El Gobierno propone suspender por un período de cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional de la gratuidad, regulado por la Ley N° 21.091. El objetivo de la medida sería contener el crecimiento del gasto fiscal asociado al beneficio y revisar su evolución durante ese período.
A ello se suma la discusión sobre establecer restricciones de acceso para nuevos beneficiarios, incluyendo un límite de hasta 12 años desde el egreso de la enseñanza secundaria para optar al beneficio, lo que ha sido ratificado por autoridades de Gobierno en medio del debate sobre su alcance.
El objetivo de estas disposiciones sería contener el crecimiento del gasto fiscal asociado al sistema y revisar su funcionamiento durante el período.
Si bien la iniciativa forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional, durante la cadena nacional el Presidente no hizo referencia explícita a estas medidas.
El debate ha evidenciado diferencias dentro del propio Gobierno. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostiene que corren los criterios anunciados, desde el Ministerio del Interior aseguran que “no habrá beneficios sociales recortados”, y desde la Secretaría General de la Presidencia que los límites a la gratuidad “aún se encuentran en evaluación”.
