El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, emitió una carta dirigida a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos. En el documento advierte que los recortes presupuestados para Educación agravarán el deterioro de la educación superior en el país.
Por Juan Pablo Rubio Herrera
En el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 presentada el 30 de septiembre por el gobierno de José Antonio Kast, Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, envió una carta a la Cuarta Subcomisión Mixta de ley de Presupuestos. En el texto manifestó su oposición a los recortes presupuestarios del Ministerio de Hacienda para la educación superior y alertó que las instituciones ya operan en condiciones muy deterioradas.
El primer presupuesto de la administración Kast ingresó el 30 de septiembre con un alza del 1,5% respecto de la ejecución estimada para 2026. El Ministerio de Educación contempla un aumento del 3,9% de su presupuesto actual. A pesar de esto, sufrirá recortes en programas enfocados en la educación superior.
El documento de protesta presentado por el rector De la Llera se respalda en seis puntos esenciales, que van desde la inversión a la investigación, la gratuidad, los puntos basales de financiamiento, entre otros. En ellos, postuló que se pone en riesgo la calidad de la educación superior y el desarrollo científico del país.
Respaldó su carta con el ranking QS Latinoamérica e indicó que cuatro universidades de la Red G9 se posicionaron dentro de las mejores de la región: la Universidad Católica (1°), la Universidad de Concepción (11°), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (22°) Y la Universidad Técnico Federico Santa María (49°). “Son el fruto de décadas de inversión sostenida en investigación, en formación de académicos y en proyectos educativos a largo plazo”, indicó de la Llera en la carta.
Según el rector, de aplicarse los recortes presupuestarios en el Ministerio de Educación, se prevé que la posición de las universidades a nivel latinoamericano será difícil de sostener, lo que afectaría de forma directa a toda la comunidad que integra las instituciones. “Ninguna política pública razonable castiga el desempeño”, sentenció el rector.
Uno de los temas que se ha mantenido en el centro del debate público es el financiamiento de la educación superior. La gratuidad, por su parte, registrará una disminución del 2,35%.
Frente a este escenario, el rector manifestó su preocupación: “Las universidades ya están subsidiando una política pública insuficientemente financiada. Pedirles además que absorban recortes es exigirles un esfuerzo que el propio Estado no está dispuesto a hacer”.
Solo para la Universidad Católica, suplir los costos de la gratuidad representa un gasto de 20 mil millones de pesos. De aprobarse el presupuesto y, por ende, la disminución de la gratuidad, agravaría el problema del déficit financiero estructural de las universidades, si se considera que los aranceles actuales no cubren el costo real de las carreras.
Por otro lado, el rector señaló que recortar el Aporte Fiscal Directo que reciben las universidades en la que organizan su planta académica, de investigación y “compromisos de mediano plazo”, significaría “debilitar los cimientos del financiamiento universitario”.
Respecto a lo que denominó como un “problema de diseño” del proyecto de presupuesto, De la Llera aseguró que “el sistema de financiamiento universitario chileno se encuentra hoy en un equilibrio precario”, por lo que un mínimo cambio en el sistema “exige liberar otras variables para que las instituciones puedan adaptarse”.
Además, hizo referencia al recorte del 6,4% al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde indicó que, solo las universidades adscritas al G9, representan el 45% de la investigación científica a nivel nacional. Sostuvo que los fondos concursables de esta cartera, los que presentan un recorte significativo, permiten financiar tanto a los investigadores, como a los estudiantes de doctorado y a los centros de investigación.
“Cuando se recortan al mismo tiempo los aportes a la educación superior y los recursos para la ciencia, el golpe sobre las universidades es el doble. Se debilita su capacidad de formar y, en paralelo, su capacidad de generar conocimiento”, afirmó el presidente de la red de universidades G9.
Juan Carlos de la Llera, para cerrar, acusó que “resulta difícil identificar qué objetivo de política pública persigue este presupuesto”. Agregó que es evidente que el efecto de esa reforma es “perjudicar los proyectos educativos que se cuenta entre lo mejor que tiene Chile”, por lo que instó a los miembros de la Subcomisión de Hacienda a rechazar el proyecto de Presupuesto de Educación 2027.
“Un país que aspira al desarrollo no puede debilitar a sus universidades en nombre de un ajuste de corto plazo cuyos costos se pagarán durante una generación”, sentenció De la Llera.
Frente a los cuestionamientos del rector de la UC, la ministra de Educación, María Paz Arzola, respondió que la decisión que se tomó en la cartera fue “priorizar esos primeros años donde se forma cerca del 90% del desarrollo cerebral, que es la primera infancia, que es la educación parvularia”.
Arzola puntualizó que los recursos en esta etapa de la educación “llevaban años estancados” y aseguró que los fondos para la educación superior se duplicaron en la última década.
