A siete años del estallido, no se trata de olvidar el malestar que lo originó ni de romantizar la violencia que lo acompañó. Se trata de aprender de ambos lados.
Cada 18 de octubre, Chile vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿qué quedó realmente del estallido social de 2019? Siete años después, es necesario mirar más allá de las consignas y preguntarnos qué cambió y qué aprendimos como país.
Sería un error negar que existía un malestar social profundo. Había demandas legítimas y frustraciones acumuladas frente a problemas que la política no había sabido resolver oportunamente. Sin embargo, reconocer las causas de una crisis no significa justificar todas sus consecuencias.
La legitimidad de una demanda no convierte en legítimo cualquier medio para conseguirla. Los saqueos, incendios y actos de destrucción afectaron a miles de personas y dañaron nuestra convivencia. El Metro de Santiago, esencial para trabajadores y estudiantes, se convirtió en símbolo de una crisis cuyos costos también recayeron sobre quienes dependían de él diariamente.
Defender el orden no significa ignorar las desigualdades, sino comprender que la seguridad y el respeto por las instituciones son condiciones necesarias para ejercer nuestras libertades. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse, pero también proteger a quienes quieren trabajar, estudiar y vivir en paz. La violencia no puede transformarse en una herramienta legítima de presión política.
El proceso constitucional posterior también dejó una lección: las transformaciones profundas requieren acuerdos amplios y respeto por una sociedad diversa. Ningún sector puede atribuirse la representación exclusiva del país ni imponer un proyecto de sociedad sin construir mayorías.
Hoy, Chile enfrenta desafíos urgentes: recuperar la seguridad, mejorar la educación y la salud, generar oportunidades y reconstruir la confianza institucional. Permanecer atrapados en las disputas simbólicas de 2019 nos impide concentrarnos en esas prioridades.
A siete años del estallido, no se trata de olvidar el malestar que lo originó ni de romantizar la violencia que lo acompañó. Se trata de aprender de ambos lados.
La justicia social y el orden no son incompatibles; se necesitan mutuamente. Un país que no escucha a sus ciudadanos acumula frustración, pero uno que tolera la violencia pone en riesgo su convivencia democrática.
Chile merece una memoria sin romanticismo y una política sin oportunismo. El verdadero aprendizaje del estallido es que los cambios deben construirse con responsabilidad democrática, porque ninguna promesa de transformación justifica destruir las condiciones que nos permiten vivir juntos.
Roxana Plaza Mesias
Estudiante de Enfermería
