Me parece indignante el evidente sesgo y la arbitrariedad con que la universidad ha gestionado las medidas de contingencia y flexibilidad académica frente a los eventos climáticos recientes.
Durante el último frente de mal tiempo, la Región Metropolitana ha experimentado una situación crítica que afecta de manera directa a amplios sectores de la población: anegamientos, cortes de suministro eléctrico, interrupción del transporte público y daños en viviendas. Sin embargo, la respuesta de nuestra universidad ha sido mantener una aparente ‘‘normalidad’’, desestimando las dificultades reales que enfrentamos miles de estudiantes, funcionarios y docentes para desplazarnos hacia los campus o incluso para contar con condiciones mínimas de habitabilidad y conectividad en nuestros hogares.
Resulta incomprensible e inaceptable el contraste entre la pasividad actual y la celeridad con que se implementaron protocolos de asistencia y colaboración en situaciones anteriores, cuando las contingencias afectaron de forma casi exclusiva a comunas del sector oriente como Las Condes o Providencia. En aquella ocasión, la respuesta fue inmediata, priorizando el bienestar y la seguridad de la comunidad de dicha zona. Hoy, cuando la emergencia golpea con mayor fuerza a todo Santiago, incluyendo las comunas periféricas y de menores recursos, la empatía y la capacidad de reacción institucional brillan por su ausencia.
Es una falta de respeto el pretender una normalidad a las aulas cuando los propios campus han sufrido estragos evidentes: Campus Lo Contador y Campus Oriente registraron severos daños en su infraestructura, mientras que en sectores de Humanidades la situación llegó al extremo donde se inundaron pasillos y áreas comunes. Pretender realizar clases o rendir evaluaciones con dependencias inundadas, goteras generalizadas y riesgo evidente de cortes eléctricos o accidentes es una falta de criterio que vulnera la seguridad y la dignidad de toda la comunidad universitaria.
Esta discrepancia en los criterios de actuación no solo expone una desconexión preocupante con la realidad de gran parte de la comunidad dirigente de la UC, sino que perpetúa una lógica de desigualdad territorial que no debiese tener cabida en una institución que declara en sus principios el compromiso con el bien común y la equidad.
Forzar la presencialidad en estas condiciones reproduce una doble violencia, el desprecio por la realidad territorial y socioeconómica de los estudiantes, docentes y trabajadores que tardan horas en llegar a sus casas, y la indiferencia ante condiciones materiales de estudio y trabajo que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y salubridad.
Tomás Sepúlveda F.S.
Licenciatura en Historia
