¿Se imagina que un delincuente reincidente durante los últimos 10 años exija que se levante una ley para perdonarle su delito porque “él es importante para la sociedad”? Ante esto lo que cualquier persona diría es: ¿por qué deberíamos?
Con peras y (engañosas) manzanas:
Chile tiene un sistema de salud compuesto por una parte pública (Fonasa, que cubre un 77,8% de la población) y otra privada (Isapres, que cubren un 17,2% de la población). Las leyes de seguridad social en nuestro país obligan a las y los trabajadores a pagar con un 7% de su sueldo su plan de salud, con la libertad de elegir cualquiera de los dos sistemas. En caso de que elijan el sistema privado y este 7% no sea suficiente, el resto de dinero debe salir de su bolsillo.
Ahora bien, estos planes privados no son (necesariamente) de cobertura completa, esta depende del monto a pagar por el plan y los factores de riesgo asociados a la salud de cada persona. El precio de la cobertura aumenta a medida que existan “factores de riesgo”; aumenta a medida que es más probable hacer uso de la prestación médica, pues implica un mayor gasto para la Isapre. Por ejemplo, las mujeres en edad fértil pagan más, los adultos mayores pagan más, las personas con enfermedades crónicas pagan más.
Y aquí aparece la protagonista de los principales titulares de estas semanas: la tabla de factores. Cada Isapre define su valorización del riesgo en función del sexo, edad y número de personas dependientes, vinculando así el acceso a la salud a que tan rentable es para el sistema tratar a la persona.
En el 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma que facultaba a las Isapres para aplicar sus tablas de factores por ser discriminatorias. Pero las Isapres siguieron aplicándolas. Muchas personas demandaron a las Isapres por el cobro excesivo, e históricamente han ganado. Y siguieron aplicándolas. Fue de tal magnitud el problema que en 2019 la Corte Suprema recordó que lo que hacían las Isapres era inconstitucional y les ordenó regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud. Pero las Isapres insistieron y el presidente de la Asociación de Isapres argumentó que “Isapres no pueden darse el lujo de incorporar gente enferma”.
Trascendiendo todo sentido común, todo compromiso y responsabilidad con su propio rubro, esta declaración nos mostró una verdad incómoda: a las Isapres no les importa la salud de los cotizantes, sólo son un número más.
¿En qué estamos hoy?
Durante el 2023 el gobierno ingresó la “ley corta de isapres” para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema, que ordena devolver los cobros excesivos a sus afiliados. El total de esta devolución es de 1,121 billones
Ante esto las Isapres emitieron un comunicado diciendo que la propuesta de las autoridades “denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y con los enfermos… fuerza una falla sistémica en el acceso de salud de los chilenos”. Esos mismos enfermos a los que tan solo un tiempo atrás “no podían darse el lujo de atender”, hoy, en plena agonía del sistema, se vuelven la principal preocupación de estas empresas.
Pero no sólo las Isapres salieron a defenderse, algunos senadores comenzaron a plantear reformas constitucionales para ir en su ayuda. Si apoyamos estas reformas constitucionales para hacerles un perdonazo, ¿qué diremos el día de mañana cuando eventualmente se cometa un delito, por ejemplo, una colusión? (sí, cómo la del pollo, del papel higiénico, las farmacias…), ¿diremos que también es necesario perdonarlos?, ¿por qué deberíamos?
Entonces, ¿qué deberíamos?
Deberíamos apuntar a garantizar un sistema de salud universal que no condene a muerte a quien no pueda pagar, un sistema que no genere brechas tan abismales cómo las que existen actualmente entre el sistema privado y público.
El sistema privado se concentra en recibir a los pacientes jóvenes, sanos y que puedan pagar los altos precios de la salud privada. Cuando nos jubilamos y por tanto ya no somos jóvenes, ni sanos, el sistema de salud privado simplemente nos fuerza a dejarlo porque no podemos pagarlo. No tenemos que seguir respaldando un sistema así, ¿por qué deberíamos?
Gabriel Nahuelcoy, Coordinador de Finanzas NAU! 2023-1
