En política, los gestos rara vez resultan incidentales. Por la tarde del 11 de marzo de este año, José Antonio Kast atravesó la Plaza de la Constitución como el presidente número 35 de nuestra historia. En aquel acto público, el primero que hizo como mandatario, decidió dirigirse solemnemente a la estatua de quien fuese el epítome del conservadurismo en el Chile del siglo XIX: Diego Portales. Minutos después, ya en el balcón de La Moneda, declaró: “Un país no puede gobernarse solo con ideas. Tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad”. Al citar a Portales, Kast remite simbólicamente a un Chile distinto, donde une discursivamente sus máximas del orden con los tiempos autoritarios del período conservador. Este acto discursivo no resulta casual, sobre todo en un mandatario que privilegia una oratoria directa y poco teatral.
En ese sentido, la discusión sobre el llamado “Registro de Vándalos e Incivilidades” parece anclarse narrativamente al ideal portaliano al que remitió Kast aquella noche de marzo. Anunciado en la cuenta pública, este proyecto de ley busca enlistar a quienes hayan cometido delitos contra Carabineros, personal de salud, rayados a monumentos nacionales y tráfico de estupefacientes. A su vez, busca calificar de “incivilidades” conductas como la venta ilegal de alcohol o el consumo de drogas en la vía pública, lo que amplía su rango de penalización. El castigo para los infractores, en palabras del presidente, contempla que “quienes cometan alguna de estas conductas perderán beneficios sociales” asociados a la gratuidad universitaria, la PGU o subsidios habitacionales.
Lejos de ahondar en la constitucionalidad de este proyecto y la elección discursiva del concepto de “beneficios” por sobre “derechos”, resulta interesante notar cómo esta iniciativa responde a un ideal moral asociado al orden público, lo que denota una suerte de cruzada “civilizatoria” que nos recuerda al Chile de Portales. Aquí el concepto de “incivilidades” resulta clave. El gobierno parece desplazar el debate del orden público hacia una problemática moral de la que el Estado debe encargarse, más que a un síntoma social de causas estructurales. En vez de argüir razones centradas en el daño a la infraestructura o fenómenos como la drogadicción adolescente —que no se resolverán con el retiro de un derecho social— el oficialismo nos retrotrae a una discusión que pretende instalar un mecanismo de control estatal para domesticar pulsiones de violencia.
De este modo, se opera bajo una lógica punitiva similar a la de un encolerizado Portales con la “incivilidad” nacional. Declaraba en 1822 en su célebre carta a José Manuel Cea que la “democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud”, ante ello, “con palo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son los específicos con los que se cura cualquier pueblo”. Esto devela, como señalaba el historiador Gabriel Salazar, una visión profundamente clasista de Portales frente a un “bajo pueblo” que consideraba propenso al desorden y al vicio, debiendo disponer, desde el Estado, mecanismos para controlar el desenfreno de una plebe inmoral.
Sin la intención de forzar un anacronismo ni tildar a Kast de una figura equivalente a Portales, efectivamente existen equivalencias de fondo. Se gesta una dicotomía sobre el buen y mal ciudadano: aquel que respeta la “civilidad” y aquel “vándalo” que debe ser corregido por el “palo y bizcochuelo”, privándole la posibilidad de estudiar y ascender socialmente. Subyace entonces una bandera moralizante, donde se despliega el primer acto de la batalla cultural del Gobierno e inaugura un período conservador donde nos tendremos que habituar a calificar fenómenos sociales complejos bajo la dicotomía de civilización y barbarie.
Benjamín Aguilar Astudillo
Estudiante de Ciencia Política
