Esto no es un fenómeno aislado, es resultado de decisiones políticas que priorizan intereses por sobre la vida y la seguridad de las personas.
Durante los últimos días hemos sido testigos de acontecimientos que la comunidad científica advirtió durante décadas. El Informe Especial Nº3 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado en septiembre de este año, señala que los efectos del Súper Niño se incrementarán y alcanzarán niveles muy peligrosos para la región.
Hoy estas proyecciones se materializan en nuestra capital. Los suelos de Santiago presentan peligrosos niveles de escorrentía por la impermeabilización, arrastrando peatones, exponiendo a miles al aislamiento, caídas, fallas de infraestructura o a ser literalmente arrastrados por aguas que corren por las avenidas. A esto se suma el peligro para la autonomía y el traslado de personas con movilidad reducida.
Las advertencias de expertos y datos dejan de ser abstractas; son un problema tangible y urgente. El informe proyecta que hay más de un 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad histórica, con anomalías superiores a más de 3,0°C en el Pacífico ecuatorial. Estimando pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y un aumento de hasta 4,8 millones de personas en situación de pobreza hacia 2030.
No son cifras lejanas, reflejan una crisis que ya golpea a las familias trabajadoras de nuestro país. Somos testigos de los efectos de la mala gestión territorial. Los recortes en beneficios sociales y la falta de respuesta ante eventos climáticos incrementan la desigualdad social y económica. Estos fenómenos ampliarán esas diferencias y la exposición a riesgos climáticos; existen décadas de investigación y recomendaciones de política pública que las respaldan.
En este escenario, el proyecto de Presupuesto 2027 establece que el Ministerio del Medio Ambiente afrontaría recortes del 59% en la partida específica «Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)», además de en otros recursos destinados a adaptación, descontaminación y desarrollo sostenible. Esto como si proteger el medioambiente y gestionar recursos no afectara directamente la salud, seguridad y calidad de vida de la población chilena. ¿Los aluviones no entran a las casas o no se requiere maquinaria, innovación y políticas públicas eficientes para enfrentar estos eventos como país?
¿Qué posición tomamos como institución y como estudiantes? ¿Qué acciones tomarán nuestros futuros representantes estudiantiles ante esta realidad? No normalicemos la inactividad de nuestras autoridades y representantes a nivel universitario, municipal, regional o nacional. La capacidad de adaptación y respuesta ante el cambio climático depende de que las personas tomen decisiones clave en los distintos espacios.
También depende de que, como ciudadanía, sepamos que nuestra seguridad necesita herramientas de respuesta, ayuda humanitaria y capacidad de exigir resguardo ante eventos meteorológicos extremos, inundaciones u otras consecuencias de la crisis climática.
Cuestionémonos nuestro rol ante amenazas que no harán más que incrementarse. Esto no es un fenómeno aislado, es resultado de decisiones políticas que priorizan intereses por sobre la vida y la seguridad de las personas. Como futuros profesionales de una universidad con pilares en la responsabilidad, valentía y justicia, tenemos el deber de alzar la voz y exigir que la evidencia científica se traduzca en acción para la protección y defensa de nuestros territorios, desde nuestras distintas disciplinas.
El cambio climático ya está aquí. La pregunta no debería ser si vamos a actuar, sino cuándo y cómo.
Dharma Del Sol Gutiérrez Hernández
Estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales
