Es sumamente sencillo escudarse detrás de tecnicismos como la «certeza jurídica» o la «eficiencia institucional», eludiendo las secuelas emocionales de quienes realmente deberían ser el foco de atención del Estado.
Quienes edifican sus plataformas electorales bajo la consigna de resguardar la vida desde la concepción parecen desentenderse de las realidades de las víctimas. La masiva aprobación de decretos que alivian la reclusión de agresores de menores demuestra que los valores que tanto se pregonan en campaña se desvanecen ante la fría aplicación de las normas penitenciarias. Una contradicción que tensiona la confianza pública en el compromiso gubernamental de combatir la delincuencia.
En la última semana, gracias a una revelación del medio nacional independiente Interferencia, se dio a conocer que el Ministerio de Justicia otorgó reducciones de pena a 56 condenados por delitos sexuales contra menores entre marzo y septiembre de 2026. La medida —que benefició a 27 declarados culpables por abuso sexual y a 29 por violación— se amparó en la Ley 19.856, una normativa que faculta al Ejecutivo a reducir condenas administrativas por «conducta sobresaliente» a través de decretos firmados «por orden del Presidente». Aunque una reforma legal de febrero de 2022 (Ley 21.421) excluyó expresamente estos crímenes de cualquier beneficio legal, la actual administración aprobó casi la totalidad de las solicitudes recibidas, rechazando solo una.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido con vehemencia la legalidad de los decretos. El secretario de Estado argumenta que la cartera se encuentra jurídicamente impedida de aplicar la prohibición de 2022 de forma retroactiva a crímenes perpetrados con anterioridad a esa fecha. Bajo su óptica, el ministerio actuó alineado con la jurisprudencia de la Corte Suprema —la cual ha acogido recursos de amparo interpuestos por las defensas de los reclusos— y apeló a razones de eficiencia administrativa para evitar que cada caso escalara innecesariamente a los tribunales.
Me resulta particularmente curioso que un gobierno liderado por la derecha política, cuya campaña e identidad se edificaron sobre promesas implacables de seguridad y orden, postergue la protección de las víctimas al momento de aplicar la ley. Es sumamente sencillo escudarse detrás de tecnicismos como la «certeza jurídica» o la «eficiencia institucional», eludiendo las secuelas emocionales de quienes realmente deberían ser el foco de atención del Estado. Las y los menores, cuyos derechos fueron vulnerados de forma irreversible por adultos, observan hoy cómo sus agresores son recompensados con un recorte en sus años de presidio bajo la excusa de un supuesto «buen comportamiento».
Es también curioso que esta resolución sea justificada por la máxima autoridad llamada a velar por el amparo judicial del país. ¿Cuál es la percepción de justicia que promueve este Gobierno si prioriza la simplificación de los trámites estatales por sobre el cuidado y contención integral de los niños y niñas afectados? La diligencia burocrática parece haber pesado más que la protección de la infancia vulnerada.
Esta paradoja se me hace aún más curiosa cuando proviene de un sector político que abandera el discurso del «derecho a la vida desde la concepción». Pareciera que esos valores se desvanecen cuando se trata de enfrentar las realidades materiales de los menores afectados. ¿Qué pasa con la dignidad y el derecho a una vida plena de aquellos niños de sectores vulnerables que, por falta de recursos económicos, carecen de un acceso oportuno a apoyo psicológico especializado? ¿Qué mensaje reciben al constatar que el aparato público les da la espalda para recortar la reclusión de sus agresores?
El Gobierno actual pregona la inviolabilidad de la niñez y promete mano dura contra la delincuencia, pero simultáneamente facilita vías administrativas directas que reducen el castigo efectivo de violadores y abusadores infantiles. Las prioridades de esta administración resultan, en efecto, bastante curiosas.
Matilde Lobos Seguel
Estudiante de Comunicaciones
