Recientemente se publicó en este medio una columna que deslizó que el anhelo de parte importante de la comunidad estudiantil por democratizar la Universidad en su gobierno universitario y mecanismo de designación de la rectoría se asociaría a una intención implícita de acabar, o al menos debilitar, la identidad católica de nuestra Universidad. Me gustaría dar respuesta, señalando que esa es una afirmación que no tiene sustento en documentos eclesiásticos, y se contradice con la historia de la Universidad Católica.
Quiero partir, en todo caso, diciendo que comparto con los autores de la columna que esta es una universidad que no sólo está intrínsecamente vinculada a la Iglesia, sino que dicho vínculo es de un inmenso valor. Brinda a nuestra formación un sello no solo académico, sino que valórico y humano, y haciendo eco de la función de enseñar que tiene la Iglesia, contribuye a santificar la sociedad.
El problema que a mi juicio tiene la columna es que cae en una deducción que no es cierta: que de la identidad católica de la universidad se sigue necesariamente que la UC deba tener el modelo de gobierno y de designación de autoridades que tiene hoy, que es un modelo cupular y de escasas posibilidades de participación vinculante para los estudiantes, los funcionarios y trabajadores, e incluso varios de los académicos.
En ese sentido, mayor democracia en el gobierno universitario y en la elección de la rectoría en particular no es sinónimo de anulación de la participación de la Iglesia en el proceso. La mayoría de quienes sostenemos esta bandera somos conscientes de que documentos como la Constitución Apostólica “Sapientia Christiana” prescriben que el Rector debe a lo menos ser ratificado por la Santa Sede, y que debe existir un Gran Canciller que medie entre ésta y la Universidad.
Pero también somos conscientes, y así lo defenderemos, de que una universidad pontificia y católica tiene varias formas posibles de darse gobierno, y de que la ausencia de participación triestamental en esa tarea no es algo natural. En primer lugar, porque no hay documento pontificio alguno que manifieste oposición a la participación de los distintos estamentos de la comunidad en este aspecto.
En Ex Corde Ecclesiae se refuerza que una de las mayores expresiones de la autonomía institucional es “que el gobierno de la institución académica está y permanece dentro de la institución”, de lo que se desprende que la Iglesia no tiene ningún problema con que la Universidad, atendiendo al anhelo de sus estamentos, les brinde la oportunidad de hacerse parte de este tipo de decisiones. En Sapientia Christiana a su vez se manifiesta que estas decisiones pueden ser legítimamente adoptadas por la comunidad universitaria en los Estatutos. Es, entonces, una decisión posible.
La Iglesia no sólo no se opone a esta participación de los estamentos, sino que existen antecedentes de espacios vinculados a ella en que se ha promovido. A modo de ejemplo, en el documento final del Seminario de Buga sobre la misión de las universidades católicas en Latinoamérica se llamó a “revisar la estructura de poder, dando participación en el gobierno de la institución y en la elección de sus autoridades a los profesores y estudiantes, en todos los niveles”.
Pero también debe decirse que la democratización de la Universidad tiene un antecedente en nuestra historia con la Reforma Universitaria. Es un proceso que tomaría muchas páginas explicar, pero solo menciono como antecedente que en dicho período la democracia multiestamental convivió perfectamente con la identidad católica, bajo la tutela del Cardenal Silva Henríquez, que de hecho miró con mucho recelo la intromisión que luego la dictadura realizó para desmantelar la reforma.
Con todo esto creo que puede decirse con firmeza que el estudiantado que empuja por más democracia y participación vinculante en la dirección de la Universidad está lejos de “cuestionar su identidad fundacional”, como la columna sugiere. Más bien creo que reclama un derecho que le es propio. Le es propio en otras universidades, pero también le fue propio en la UC. Se lo arrebató a la fuerza un régimen que de católico tuvo bastante poco.
La comunidad universitaria puede tener visiones distintas sobre cómo es mejor gobernar la universidad y nombrar a las autoridades. Hay quienes desde siempre, incluso entre los estudiantes, se han opuesto a mayor democracia en esas decisiones. Por motivos que, aunque yo y muchos no compartimos, son respetables y legítimos, y que van de la eficiencia al rol natural de cada estamento. Pero creo que hay un argumento que no puede quedar sin respuesta porque no es real: que la democracia universitaria atenta contra la identidad católica de la UC.
Massimo Magnani C.
Estudiante de Derecho y Militante NAU