Como integrantes de la cuadrilla de salud (OASS), estuvimos presentes durante la movilización estudiantil con un único objetivo: observar, registrar y brindar primeros auxilios a quienes lo necesitaran. Lo que vimos ese día dista mucho de la imagen que algunos sectores han intentado instalar.
Mientras miles de estudiantes marchaban con lienzos y carteles, las fuerzas policiales respondieron con medidas de dispersión que terminaron por afectar de manera indiscriminada a quienes participaban de manera pacífica.
Nos tocó asistir a compañeras y compañeros afectados. Nos tocó intentar prestar ayuda mientras los gases caían sobre nuestras propias cabezas. Nos tocó ver cómo personas que no habían cometido actos violentos terminaban por pagar las consecuencias de una estrategia de control que no distinguía entre quienes ejercían violencia y quienes se manifestaban.
Lo que observamos ese día dejó en evidencia que los efectos de la respuesta policial fueron más amplios que la imagen que se intentó instalar. Lo que ocurrió no distinguió entre quienes compartían las demandas de la marcha y quienes se manifestaban en su contra: los gases y los carros lanza agua tampoco lo hicieron.
La movilización estuvo lejos de ser un espacio exclusivamente estudiantil. Confluyeron trabajadores de la salud, docentes, adultos mayores y organizaciones sociales que decidieron presentarse para expresar sus propias preocupaciones. Reducir lo ocurrido a un conflicto entre estudiantes y autoridades no solo simplifica la realidad, sino que invisibiliza la diversidad de actores que participaron y que también se vieron afectados por la represión.
Resulta preocupante que, frente a estos hechos, desde el gobierno se minimice lo ocurrido y se sugiera que el movimiento estudiantil se está victimizando. Esa narrativa no solo desconoce las experiencias de quienes estuvieron presentes, sino que también contribuye a normalizar el uso desproporcionado de la fuerza como una respuesta aceptable frente a la protesta social.
Más preocupante aún es que se intente reducir toda una movilización a los actos de un grupo reducido de personas. Cuando se presenta una marcha completa como violenta, se invisibiliza a miles de personas que participaron de manera pacífica y se deslegitiman las demandas que motivaron la movilización. La discusión deja de centrarse en aquello que como estudiantes buscamos denunciar y pasa a centrarse en justificar la represión.
Como estudiantes, nos preocupa que algunos compañeros hayan optado por replicar este relato. Quienes marchamos pacíficamente hemos sido tratados como delincuentes, violentistas y responsables de destrozos que no cometimos. Esa caricatura no solo es injusta, sino que empobrece el debate democrático dentro de nuestra propia comunidad universitaria.
La defensa de la democracia exige condenar la violencia venga de donde venga, exige rechazar los actos de destrucción cuando ocurren, pero también cuestionar el uso indiscriminado de la fuerza estatal cuando afecta a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse. No existen víctimas de primera y segunda categoría. La violencia no deja de ser violencia porque quien la ejerce porte uniforme o corbata.
Una sociedad democrática no se fortalece cuando silencia a quienes protestan ni cuando ridiculiza a quienes denuncian abusos, sino cuando es capaz de escuchar las demandas sociales, proteger el derecho a manifestarse y exigir que toda actuación estatal se rija por criterios de responsabilidad y respeto irrestricto a la dignidad humana.
Si manifestarse pacíficamente es motivo suficiente para ser reprimidos y luego tratados como delincuentes, entonces el problema no está en quienes marchan: está en quienes han decidido que la fuerza vale más que la democracia.
Cuadrilla de Salud marcha 03 de junio
Ethiel Barrientos, segunda secretaria ejecutiva FEUC 2026
Rocío Navas, vicepresidenta del CEANARQ
Aileen Ramírez, estudiante de Kinesiología
Juan Reveco, estudiante de Kinesiología
