La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), al igual que otras instituciones como la Universidad Autónoma de Chile, la University of California, Los Angeles (UCLA), y la Universidad de Harvard (aunque no en sus residencias), entre otras, ha implementado la política de “Campus Libre de Humo”, que prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y abiertos de sus campus. Esta medida, sustentada en el cuidado de la salud pública, busca proteger a estudiantes, académicos y trabajadores de los efectos nocivos del tabaco, promoviendo un entorno más sano para toda la comunidad universitaria. Aunque la iniciativa ha recibido un amplio respaldo institucional y social en nombre del bien común, también ha generado críticas relevantes desde una perspectiva de derechos individuales y de eficacia en las políticas públicas.
Algunos argumentan que la política limita la libertad de elección de los individuos al prohibir totalmente una práctica legal como el consumo de tabaco, sin ofrecer espacios alternativos para quienes deciden fumar. Esta ausencia de zonas designadas, a diferencia de lo que ocurre en otras instituciones con regulaciones similares (como, por ejemplo, la Vanderbilt University o algunos colleges de la Universidad de Oxford), puede interpretarse como una forma de exclusión que margina a las personas fumadoras. Esto incluye a estudiantes, docentes, personal administrativo, guardias y auxiliares, quienes, en muchos casos, deben salir del campus para fumar, incluso durante extensas jornadas laborales. Esta situación afecta particularmente a los sectores más vulnerables del ecosistema universitario, que no siempre cuentan con la posibilidad de abandonar el campus libremente.
Además, se ha señalado que esta política puede adquirir un carácter paternalista al asumir que la comunidad universitaria, compuesta mayoritariamente por adultos, no es capaz de tomar decisiones autónomas sobre su propio bienestar. Desde esta perspectiva, la UC se presenta como una figura tutelar que impone un modelo de vida saludable sin dialogar suficientemente con la pluralidad de estilos de vida que conviven en la universidad.
En términos prácticos, también es necesario preguntarse por la eficacia real de la prohibición. La historia de las políticas de drogas y otras restricciones muestra que la ilegalización no necesariamente erradica una práctica, sino que muchas veces la traslada o la oculta. Del mismo modo, el hecho de que fumar esté prohibido en el campus no garantiza que deje de ocurrir, y puede generar prácticas evasivas o de resistencia. Si el objetivo real de la política es promover la salud, podrían haberse adoptado estrategias más inclusivas, como la habilitación de espacios separados para fumadores, programas de cesación del tabaco con acompañamiento efectivo y campañas educativas centradas en el respeto mutuo y la corresponsabilidad.
Un punto aún más delicado tiene que ver con el abordaje de las causas del tabaquismo. El consumo de tabaco está comúnmente ligado al manejo de la ansiedad, especialmente en contextos de alta presión como los que genera la vida universitaria. El estrés académico, la sobrecarga laboral, la competitividad y la falta de tiempo para el autocuidado son factores estructurales que empujan a muchas personas a recurrir al tabaco como forma de aliviar tensiones. Aunque la UC ofrece programas de salud mental, si su compromiso con el bienestar fuese realmente profundo, priorizaría el abordaje de las causas estructurales del malestar, en lugar de prohibir sus manifestaciones. Desde esta óptica, puede decirse que la universidad intenta eliminar una consecuencia (el tabaquismo) sin hacerse cargo de su posible rol como causa. Por ello, la medida no solo resulta insuficiente, sino también paradójica.
Algunos críticos sugieren que la política de “Campus Libre de Humo” parece responder más a un gesto simbólico o comunicacional que a un compromiso real con la transformación de hábitos. La medida podría estar orientada, al menos en parte, a construir una imagen institucional acorde con ciertos estándares de modernidad, sostenibilidad y vida sana, más que a resolver de manera efectiva los problemas de salud asociados al tabaquismo en el ámbito universitario.
Más allá de si este tema se considera trivial, pone en evidencia cuestiones fundamentales sobre la relación entre las instituciones y los individuos. ¿Hasta qué punto es legítimo que una institución limite la libertad individual, como fumar, en nombre del bien común? ¿Puede una política sanitaria ser considerada realmente ética si no aborda las causas estructurales del malestar que busca reducir, como el estrés académico que ella misma contribuye a generar?
Rolf Hellwig
Estudiante de Filosofía
